El levantamiento de 1987 fue el primero de una serie de cuatro, ocurridos en los Gobierno de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.
El levantamiento carapintada de Semana Santa, que tuvo lugar el 16 de abril de 1987 durante la presidencia de Raúl Alfonsin, trajo una vez más a la Argentina el fantasma de un nuevo posible golpe de Estado, después de que la democracia se hubiera retomado hacia apenas unos pocos años.
Para esa fecha, el gobierno democrático de Alfonsín ya había impulsado y obtenido en el Congreso Nacional la ley de Punto Final, que declaraba prescriptas las causas por delitos de lesa humanidad que no se hubieran iniciado a fines de 1986, pero para parte de los militares eso no era suficiente. Querían, además, desactivar los innumerables procesos judiciales que los acosaban porviolaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Así, la excusa de los carapintadas (llamados así porque se presentaban con la cara pintada como en la guerra) fue entonces la detención del represor mayor del Ejército Ernesto Barreiro, quien se negó a declarar ante la Cámara Federal de Córdoba por los delitos de tortura y asesinato de los que estaba acusado.
Barreiro fue arrestado y confinado en el Comando de Infantería Aerotransportada 14 del Tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba, pero cuando la policía fue a buscarlo para declarar ante la Justicia, el personal del comando se negó a entregarlo y se acuarteló.
Junto a él, otros 130 militares se amotinaron en el Comando de Infantería de Córdoba, y así comenzó el primero de una serie de levantamientos carapintada.
Durante más de cien horas, quienes estaban bajo el mando del teniente coronel Aldo Rico tuvieron en vilo al país reclamando una “solución política” para cientos de citaciones judiciales contra oficiales por las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar concluida cuatro años antes.
También pedían el alejamiento del generalato, buscando despegarse de responsabilidad en la represión, e invocaban su condición de combatientes en la Guerra de Malvinas.
El conflicto se materializó precisamente el 16 de abril, cuando el levantamiento carapintada se extendió a otros cuarteles del país. El teniente Rico, a cargo de un regimiento en Misiones, pasó a liderar los reclamos de los militares desde la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.
Esto fue rechazado por gran parte de la ciudadanía que salió a las calles en forma espontánea en apoyo al sistema democrático. En ese marco, se desarrollaron marchas diarias a partir del Jueves Santo, que concluyeron con una gran manifestación, el domingo de Pascuas en la Plaza de Mayo.
Hubo que esperar hasta ese mediodía para que, luego de la firma de un Acta de Compromiso Democrático en la Casa de Gobierno, Alfonsín anunciara ante la multitud congregada en la plaza, su traslado a Campo de Mayo para reunirse con los rebeldes, que exigían su presencia para rendirse.
A las 18.07, finalmente el presidente anunció desde el balcón de la Casa de Gobierno: “Para evitar derramamientos de sangre di instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos dar todos gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”.
Aunque pareció una victoria de la democracia, poco después, en junio de 1887 se votó la llamada ley de Obediencia Debida, que garantizaba la impunidad de la mayoría de los represores. El artículo 1° decía que no debían ser punibles por graves violaciones a los derechos humanos, sobre la base de la presunción “sin admitir prueba en contrario, quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, seguridad, policial o penitenciaria”.
Los otros levantamientos carapintada
Más allá de este primer levantamiento, al año siguiente hubo otros dos, uno entre el 15 y 19 de enero y otro entre el 1 y el 5 de diciembre. El reclamo fue siempre el mismo: percibían que estaban transitando un proceso de indefensión nacional.
El segundo alzamiento fue en el 1988 en la localidad correntina de Monte Caseros, donde nuevamente Aldo Rico fue la principal figura. A pesar de que le habían dado arresto domiciliario, escapó y tres días después fue detenido junto a otros cientos de oficiales.
El último de los alzamientos durante el gobierno de Alfonsín tuvo lugar el lugar 1° de diciembre del mismo año, cuando unos cuarenta y cinco oficiales de la unidad Albatros, un cuerpo de élite de la Prefectura Naval Argentina saqueó de armas el arsenal de las dependencias de Prefectura en Zárate.
Los rebeldes se trasladaron a Campo de Mayo, donde se sumaron a un grupo de militares que coparon el cuartel. Su líder era el entonces coronel Mohamed Alí Seineldín, un veterano de Malvinas que en ese entonces afirmó que el objetivo era «salvar el honor» de las Fuerzas Armadas.
A pesar de los entonces recientes indultos realizados por el presidente Carlos Menem, que incluyeron a condenados, detenidos y procesados por terrorismo de Estado, alzamientos carapintada y Guerra de Malvinas y a jefes de las organizaciones político-militares de la década del 1970, Seineldín rompió con Menem y planeó una rebelión que se llevó a cabo el 3 de diciembre de 1990, en protesta contra la creciente injerencia del poder político en la cúpula militar.
Durante esa madrugada, un grupo de militares ocuparon varios edificios como las instalaciones del Regimiento de Patricios y el Batallón de Intendencia 601. Ante esta situación, las fuerzas armadas reprimieron con violencia la rebelión y recuperaron los objetivos tomados. El saldo fue de trece fallecidos y decenas de heridos.
Lo cierto es que a pesar de haber sido derrotados, los levantamientos carapintada presionaron al poder democrático e influyeron en la aprobación de las llamadas «leyes de impunidad», sancionadas durante los gobiernos de Alfonsín y Menem, que liberaron a los acusados y dejaron sin efecto las investigaciones y condenas dictadas contra los autores de crímenes de lesa humanidad.
Recién en 2003, veinte años después de caída la dictadura, las leyes de impunidad fueron anuladas para permitir que los delitos fueran investigados y los culpables condenados.
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