a ecuación que sostiene a los jubilados argentinos se descascaró sin que nadie tocara la fórmula de movilidad: el 54,5% de las personas ocupadas no hace aportes jubilatorios y, desde el 1 de diciembre, el Fondo de Asistencia Laboral empezará a desviar contribuciones patronales hacia el pago de indemnizaciones. Con esas dos variables sobre la mesa, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que la Seguridad Social dejará de recaudar $7,8 billones en un año a valores de noviembre de 2026, unos USD 5.065 millones. La caja que paga los haberes se vacía por dos canillas abiertas al mismo tiempo. El diagnóstico no lo firma un opositor anónimo: sale de un centro de estudios que viene midiendo mes a mes el deterioro del mercado de trabajo.
El director del CEPA, Hernán Letcher, fue el primero en encender la alarma. «Saluden al sistema previsional que se va», escribió al difundir el informe, y advirtió que el crecimiento de la informalidad «se profundiza desde el inicio de la gestión de Milei«. Los números que respaldan esa frase salen de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC: en el primer trimestre de 2026 los ocupados sumaron 13.471.636 personas, pero solo 6.084.751 (el 45,2%) hicieron aportes previsionales. Otros 3.815.499 (28,3%) no aportaron y hay 3.529.116 (26,2%) sin datos, de modo que la suma de quienes no aportan y los que están en negro trepa al 54,5%. La tendencia arrancó en 2021, cuando los aportantes eran el 49,2% de los ocupados y los informales el 50,1%: desde entonces la brecha no dejó de agrandarse.
Para medir el golpe, el CEPA tomó la recaudación mensual de contribuciones patronales y aportes personales de 2023 y la ajustó por la caída de la proporción de ocupados con aportes, manteniendo constantes el total de ocupados y el salario medio. El resultado: la mayor proporción de empleo sin aportes implica una merma anual de $3,3 billones, equivalentes al 5,3% de todo lo que se recauda por aportes y contribuciones. De ese total, $2 billones corresponden a contribuciones patronales y $1,3 billones a aportes personales, con una pérdida promedio de $277.780 millones por mes y un pico de $454.093 millones en julio por el efecto del aguinaldo. Los propios autores aclaran que la cifra debe leerse como «una cota superior», porque los trabajadores que pasan a la informalidad suelen cobrar menos que el salario promedio formal.
El segundo frente es una decisión de política económica. El FAL, creado por la ley de reforma laboral que impulsó el Gobierno, se financia con una contribución del 2,5% de las remuneraciones para las MiPyMEs y del 1% para el resto de los empleadores privados, y entra en vigencia el 1 de diciembre tras ser reglamentado por la Resolución General ARCA 5907/2026. La letra chica que casi no se explicó es decisiva: ese aporte no es un costo adicional para las empresas, sino que se detrae de las contribuciones patronales que hoy financian el SIPA, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las Asignaciones Familiares. Todo lo que ingresa al fondo es recaudación que deja de percibir la Seguridad Social.
Las proyecciones son contundentes. En el primer año de vigencia, de diciembre de 2026 a noviembre de 2027, la merma alcanzaría $4,3 billones, con $3.472.969 millones aportados por las MiPyMEs y $823.572 millones por las grandes empresas. En el segundo año la pérdida subiría a $4,7 billones ($3.775.804 millones y $889.071 millones, respectivamente), de modo que en 24 meses la Seguridad Social dejaría de recaudar casi $9 billones. El promedio mensual que detrae el fondo es de $373.392 millones, con picos en los meses de aguinaldo. Sumados ambos factores, la pérdida anual llega a $7.814.070 millones, unos USD 5.065 millones al tipo de cambio mayorista estimado para noviembre de 2026 ($1.542,8 por dólar): el FAL explica USD 2.904 millones (el 57%) y el empleo sin aportes otros USD 2.161 millones (el 43% restante). Lo que el Gobierno presenta como un alivio para las pymes es, en realidad, un retiro de fondos del sistema que paga los haberes.
A ese cuadro se suma el factor demográfico, que el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) acaba de poner sobre la mesa en el trabajo «El Envejecimiento Desbarajusta las Finanzas Públicas». Su director, Jorge Colina, advierte que «dado que hay cada vez más gente que trabaja en la informalidad y que no hace aportes previsionales a futuro, el Estado va a tener que poner dinero de rentas generales para pagar las jubilaciones futuras», y señala a la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) como el destino de buena parte de esa asistencia: en octubre ese haber básico fue de $348.598 y con el bono extraordinario de $70.000 llegó a $418.598, por debajo de la jubilación mínima de $435.748, que con bono alcanza los $505.748. El informe compara además el gasto para la vejez, que integran las jubilaciones de la ANSES y el PAMI, contra el resto del gasto público: «luego del ajuste aplicado por el actual gobierno, el gasto público no vinculado a la vejez es apenas un 5% superior, en términos del PBI, al que había en el promedio de la década del 80. El gasto para la vejez, en cambio, es un 73% mayor». Hoy el gasto previsional de la ANSES representa 6,8% del PBI y, contando las cajas provinciales, trepa a 8,9%, mientras que para 2050 se proyecta un punto más de producto. Frente a ese escenario, Colina propone adoptar un mecanismo de cuentas nocionales, con jubilaciones calculadas según los aportes de toda la vida activa y la expectativa de vida al momento del retiro, y convertir la pensión derivada por la muerte de un jubilado o trabajador en una cobertura voluntaria con un aporte especial destinado a financiarla. «El problema no es solo de ingresos por la alta informalidad laboral, sino que los gastos crecen por la dinámica demográfica», concluye.
Lo que tenés que saber sobre el desfinanciamiento del sistema previsional
- La pérdida: El CEPA estimó que la Seguridad Social dejará de recaudar $7,8 billones en un año, unos USD 5.065 millones, por la caída de aportes y la entrada en vigencia del FAL.
- Los que no aportan: En el primer trimestre de 2026, el 54,5% de los ocupados no hacía aportes jubilatorios, según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
- El FAL: Se financia con una contribución del 2,5% de las remuneraciones en las MiPyMEs y del 1% en el resto de las empresas, y se descuenta de los aportes que hoy van al SIPA, al PAMI, al Fondo Nacional de Empleo y a las Asignaciones Familiares.
- El bolsillo de los jubilados: La PUAM quedó en $418.598 con el bono extraordinario y la jubilación mínima en $505.748, mientras el gasto previsional ya representa 6,8% del PBI.
- Las propuestas: IDESA plantea cuentas nocionales y una pensión derivada de financiamiento voluntario para ordenar el sistema y contener el gasto para la vejez.