Lo que comenzó como la investigación de un robo aparentemente menor terminó convirtiéndose en una de las causas de corrupción más sensibles de los últimos años.
La desaparición de materiales de fibra óptica de un depósito contratado por Arsat abrió una cadena de hallazgos que hoy involucra a exfuncionarios nacionales, presuntos sobornos en contrataciones públicas, movimientos patrimoniales bajo sospecha y el hallazgo de millones de dólares en efectivo junto a una importante cantidad de drogas sintéticas.
La causa judicial, que se desarrolla en los tribunales federales de San Isidro, avanza sobre una estructura de poder que durante años ocupó posiciones estratégicas dentro de Arsat y que logró extender su influencia hacia otras áreas del Estado.
El robo que nadie pudo explicar
La investigación comenzó tras detectarse la desaparición de componentes de fibra óptica almacenados en un predio contratado por Arsat.
Desde el primer momento, las circunstancias llamaron la atención de los investigadores.
Los materiales sustraídos se encontraban dentro de contenedores especialmente acondicionados y su extracción requería herramientas, tiempo y conocimientos técnicos. No parecía una operación improvisada.
A eso se sumó otro dato inquietante: las cámaras de vigilancia que debían monitorear el predio no funcionaban y el sistema de seguridad perimetral presentaba fallas que, según distintas fuentes, existían desde hacía tiempo.
La empresa encargada de custodiar el lugar quedó rápidamente bajo observación judicial.
La pista de las contrataciones
A medida que avanzaron las medidas de prueba, la investigación dejó de centrarse únicamente en el robo.
Los fiscales comenzaron a analizar cómo había sido adjudicado el contrato de almacenamiento y qué vínculos existían entre funcionarios de Arsat y empresarios privados.
Según surge de distintos documentos incorporados al expediente, la Justicia investiga si determinadas contrataciones pudieron haber sido direccionadas a cambio de beneficios económicos indebidos.
La hipótesis central apunta a la existencia de un mecanismo mediante el cual proveedores privados obtenían ventajas en licitaciones y contratos a cambio de retornos para funcionarios responsables de supervisar esos procesos.
Las acusaciones incluyen presuntos delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración pública y malversación de recursos estatales.
El hallazgo que cambió la investigación
El punto de inflexión llegó con los allanamientos ordenados por el juez federal a cargo del expediente.
Uno de los principales procedimientos se realizó sobre propiedades vinculadas a Facundo Leal, expresidente de Arsat y posteriormente titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).
Lo encontrado sorprendió incluso a investigadores acostumbrados a causas complejas.
En distintos domicilios se secuestraron más de 2,4 millones de dólares en efectivo, además de euros y otras monedas extranjeras.
Pero el dinero no fue lo único que llamó la atención.
Durante los procedimientos también aparecieron cantidades significativas de ketamina, MDMA, pastillas de éxtasis y cocaína.
Las sustancias encontradas equivalen a miles de dosis recreativas según estimaciones elaboradas por especialistas en narcóticos.
La defensa de Leal sostuvo que las drogas estaban destinadas a consumo personal y negó cualquier actividad de comercialización.
La Justicia deberá determinar ahora si esa explicación resulta compatible con el volumen secuestrado.
Patrimonios bajo la lupa
La causa también abrió interrogantes sobre la evolución patrimonial de varios de los funcionarios involucrados.
Documentación pública analizada por investigadores muestra incrementos patrimoniales significativos durante los últimos años.
En el caso de Leal, las declaraciones juradas reflejan una expansión considerable de sus activos entre 2020 y 2025, incorporando propiedades, vehículos, efectivo y participaciones económicas cuyo origen ahora forma parte de la investigación.
Situaciones similares aparecen en otros exdirectivos de Arsat que también quedaron alcanzados por el expediente.
Los investigadores intentan establecer si esos incrementos patrimoniales pueden justificarse con ingresos legales o si guardan relación con las maniobras bajo sospecha.
La red de poder
La investigación judicial también comenzó a reconstruir los vínculos políticos y empresariales de los funcionarios involucrados.
Varios de ellos llegaron a Arsat hace más de dos décadas y lograron conservar posiciones relevantes durante gobiernos de distinto signo político.
Esa capacidad de supervivencia administrativa llamó la atención de los investigadores.
Fuentes judiciales y políticas sostienen que el grupo construyó una extensa red de relaciones que incluyó dirigentes políticos, empresarios del sector tecnológico, operadores vinculados al transporte y referentes de otras áreas estratégicas del Estado.
La existencia de esos contactos no constituye por sí misma una irregularidad.
Sin embargo, la Justicia intenta determinar si algunas de esas relaciones fueron utilizadas para facilitar contrataciones o influir en decisiones administrativas.
El otro nombre clave
La investigación también involucra a Gerardo Boschin, exresponsable de compras de Arsat y posteriormente titular de Trenes Argentinos.
Según distintas evidencias incorporadas al expediente, Boschin habría tenido participación directa en procesos vinculados a la contratación del depósito donde se produjo el robo investigado.
Los fiscales analizan comunicaciones y documentación que podrían aportar información sobre el funcionamiento interno de las contrataciones bajo sospecha.
Al igual que ocurre con el resto de los involucrados, rige plenamente el principio de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.
Una causa que recién empieza
En los tribunales existe consenso respecto de que el expediente se encuentra en una etapa inicial.
Los investigadores tienen ahora acceso a teléfonos celulares, computadoras, documentación contable y registros de comunicaciones secuestrados durante los allanamientos.
El análisis forense de ese material podría determinar si existió una estructura organizada para direccionar contratos públicos y recibir retornos económicos.
También permitirá reconstruir el circuito financiero detrás de los fondos encontrados durante los procedimientos.
El desafío para el Gobierno
Aunque muchos de los hechos investigados se remontan a años anteriores, el caso genera incomodidad en la administración de Javier Milei.
La razón es que varios de los funcionarios hoy investigados ocuparon cargos relevantes durante la actual gestión antes de abandonar sus funciones.
Por eso, además de las derivaciones judiciales, la causa plantea preguntas políticas sobre los mecanismos de selección, control y supervisión de funcionarios que administran áreas sensibles del Estado.
Lo que empezó con un robo de fibra óptica terminó exponiendo una trama mucho más compleja.
Una trama donde aparecen contratos bajo sospecha, millones de dólares sin explicación definitiva, drogas, funcionarios de alto rango y una red de relaciones construida durante años en los márgenes del poder.
La dimensión final del escándalo todavía es una incógnita. Pero en los tribunales federales muchos creen que apenas se está observando la superficie de una historia mucho más grande.