Alberto Torres, de Juntos por el Cambio, está acusado de «proteger» a uno de los cabecillas de la organización.
Un concejal del partido de Lanús, representante de Juntos por el Cambio, figura entre los 21 detenidos relacionados con la organización dedicada a robarle petróleo a YPF para luego refinarlo y venderlo por otras vías, hecho que haría generado un perjuicio millonario.
Se trata de Alberto Torres a quien, según las escuchas telefónicas de la causa, se lo relaciona con Gerardo Rodríguez, uno de los supuestos cabecillas de la banda, que también quedó entre rejas.
«Torres, quien a su vez tenía una curtiembre sin habilitación en los fondos de su domicilio, supuestamente ‘interponía influencias’ a favor de Rodríguez, conociendo sus manejos espurios en la planta clandestina de destilería en Valentín Alsina», afirmó un investigador.
El licenciado Diego Gorgal, director ejecutivo del departamento de Seguridad de YPF, confirmó esa versión a lanueva.com.
«El concejal de Cambiemos, aparentemente, les daba cierta protección», dijo.
La banda realizaba punciones en oleoductos, robaba petróleo, destilaba y refinaba, para luego vender el producto de manera clandestina, tanto en el mercado formal como en el informal.
La investigación tomó fuerte impulso en febrero, luego de que se detectara una pinchadura en la zona de Coronel Dorrego, del ducto que va desde Puerto Rosales a Ensenada.
«Por lo menos desde hace 4 años se cometía esta maniobra», dijo Gorgal, quien desde principios de 2020 ocupa el citado cargo en la empresa estatal.
«Adónde era destinado se va a determinar concretamente con la investigación. Se cree que se vendía en estaciones de servicio sin bandera y también, a granel, a productores agropecuarios o usuarios en general», agregó el funcionario de YPF, para quien, hasta el momento, son incalculables las pérdidas.
A la organización -que tenía una base importante en Olavarría (tramo intermedio) y al menos 6 refinerías en el conurbano- se le secuestró, en el marco de 39 allanamientos, 12 millones de pesos, 3.700 dólares, 2.485 euros y 1010 pesos bolivianos, armas, 7 camiones, 6 cisternas y 12 vehículos livianos, entre otros elementos probatorios.
«Prácticamente todos están o estuvieron vinculados a la industria del combustible», reseñó Gorgal.
El funcionario destacó la investigación de la Policía Federal y la Fiscalía Federal.
«Es de manual, para colgar en un cuadrito. Cayeron todos, desde el operario que hacía el pozo hasta el capitalista. Fue un trabajo impresionante», opinó.
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